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Aplican de manera forzosa polígrafo a trabajadores administrativos del Tribunal Electoral

Aplican de manera forzosa polígrafo a trabajadores administrativos del Tribunal Electoral

Durante la gestión del magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), funcionarios de áreas administrativas y de seguridad han sido sometidos a pruebas de polígrafo, un tipo de examen que supuestamente permite detectar mentiras y cuyo uso institucional ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Animal Político accedió a una solicitud de información que confirma que el Tribunal Electoral contrató este año a la empresa Grupo Alternativo en Confianza S.C. para aplicar las pruebas a los funcionarios.

Aunque el propio TEPJF aseguró que el polígrafo se aplica exclusivamente a trabajadores de la dirección de Protección Institucional con fines de evaluación, testimonios recabados dan cuenta de que hubo empleados puntualmente seleccionados para ser sometidos a los exámenes, especialmente cuando ha habido fugas de información de áreas administrativas. Este medio contactó a un extrabajador del TEPJF que laboró más de una década en una dirección administrativa de la Sala Superior y fue removido en mayo tras la realización de la prueba, de la que él nunca conoció el resultado.

“Yo nunca había visto que se aplicara la prueba del polígrafo al personal administrativo, jamás; no sé si sea alguna justificación para que nos pidan la renuncia y dejarnos sin empleo”, señala el extrabajador, quien pidió que se reservara su identidad por temor a que su denuncia obstaculice su búsqueda de un nuevo empleo.

“La parte delicada es que de un día a otro te quedas sin trabajo, te vas sin ninguna liquidación, y en esta situación en la que se encuentra el país, de COVID, de desempleo, de crisis, nos dejan vulnerables a muchas personas. Me afectó mucho, estoy buscando trabajo y no lo encuentro, yo tengo a cargo una familia que sostener; desde mayo no cobro, estoy en una situación difícil”.

En la solicitud de información 0310000015621, el TEPJF refirió que el contrato con Grupo Alternativo en Confianza S.C. está vigente desde abril de este año y hasta el 31 de diciembre; el importe del contrato es de mínimo 41 mil 760 pesos y máximo 194 mil 880 pesos. El costo unitario de cada prueba es de 2 mil 400 pesos.

Este medio envió una solicitud de réplica al Tribunal Electoral para conocer por qué se decidió implementar este tipo de examen en la institución, cuál es el criterio para enviar a un trabajador a la prueba y si el resultado es decisivo para que conserven su empleo.

En su respuesta, el órgano jurisdiccional precisó que, hasta el pasado 26 de julio, 13 funcionarios adscritos a la Dirección de Protección Institucional han sido sometidos al examen de polígrafo “de manera voluntaria y con pleno respeto a sus derechos humanos”. 

Defendió que dicha dirección está encargada de garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y vigilancia para la custodia y salvaguarda del personal y de los bienes de la institución, conforme el Reglamento interno del TEPJF.

El tribunal aseguró que esa área puede implementar “cualquier mecanismo” de control de confianza de los trabajadores adscritos a ella; agregó que no existe un criterio para enviar a un funcionario al examen, y que el resultado del mismo no condiciona la permanencia en el puesto de trabajo.

“En términos de las disposiciones transcritas, el instrumento de evaluación que señala lo implementó la Dirección General de Protección Institucional, en el marco y ejercicio de sus atribuciones, para que su personal cuente con óptimos niveles de confiabilidad. En el entendido que la normativa aplicable no prevé algún criterio para enviar a los trabajadores a las pruebas, ni establece que el resultado sea decisivo para conservar el empleo”, informó el TEPJF.

Sin embargo, Animal Político constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa —y no “voluntaria”— a empleados adscritos a otras direcciones administrativas (no solo a la de Protección Institucional), y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin haber tenido la oportunidad de conocer los resultados de las pruebas.

“Me preguntaron si en mi familia había delincuentes”

El magistrado Vargas Valdez, quien fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2007 a 2010, ha reforzado las medidas de seguridad y vigilancia en el Tribunal Electoral desde que asumió como presidente de la Sala Superior.

De hecho, el ahora director de Protección Institucional, Otoniel López Treviño, trabajó también varios años en el Cisen. Fue designado director de dicha área durante la presidencia de Felipe Fuentes y por recomendación del propio Vargas, de acuerdo con fuentes de la Sala Superior.

Vargas impulsó recientemente en la Comisión de Administración del TEPJF un proyecto para invertir 13 millones de pesos en cámaras de videovigilancia, y otro para arrendar 15 camionetas blindadas para uso de magistrados de Salas Regionales con una inversión de 12.7 millones de pesos. Los proyectos no fueron aprobados.

No es la primera vez que Vargas intenta erogar recursos públicos para la adquisición o alquiler de vehículos blindados. Animal Político dio a conocer el año pasado que el magistrado protagonizó un enfrentamiento con consejeros de la Judicatura Federal luego de que estos se opusieron a la compra de camionetas blindadas, y los responsabilizó si él o cualquier integrante de la Sala Superior sufría un atentado que pusiera en riesgo su vida.

Ahora que es presidente del TEPJF, Vargas impuso la aplicación de la prueba de polígrafo para indagar fugas de información, en lo que funcionarios del tribunal han calificado como una “cacería de brujas”.

Tras más de una década de servicio en la Sala Superior, Carlos (nombre ficticio) fue obligado a someterse al test, luego del cual fue removido de la institución.

“Hubo alguna fuga de información en ese entonces, fue a finales del año pasado, y al ser yo personal de confianza que tenía acceso a esa información, la Secretaría Administrativa me indicó que, por instrucciones del magistrado (Vargas), tenía yo que aplicarme la prueba del polígrafo, y me fui a hacer la prueba de inmediato”, relata el extrabajador en entrevista.

Polígrafo viola derechos y dignidad de las personas: CNDH

El examen poligráfico es una prueba cuya confiabilidad ha sido cuestionada en el mundo y también en México.

En 2004, la CNDH emitió la Recomendación General No.6 dirigida a gobernadores, procuradores generales de justicia, secretarios de estado y encargados de órganos de justicia militar, en la que señaló que la prueba poligráfica iba en aumento en procesos de selección y evaluación de servidores públicos, así como en investigaciones de responsabilidad administrativa y averiguaciones previas, sin que su uso tuviera reconocimiento en el sistema jurídico mexicano y sin que existiera regulación respecto de la manera en que el examen es practicado, el destino de sus resultados y el periodo en que la información debía ser resguardada.

La comisión argumentó que tanto la Oficina de Evaluación de Tecnología del Gobierno de Estados Unidos como la Academia Nacional de Ciencias de EUA han señalado que no se debe confiar en el examen poligráfico y en sus resultados para la detección de mentiras, pues presenta altos márgenes de error que afectan su validez.

“Por ello, ante la falta de regulación, tal como se ha demostrado a través de la experiencia, la aplicación del examen poligráfico y del uso de sus resultados, se ha dado en circunstancias que vulneran los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los individuos que se someten a este examen, así como a la integridad psíquica, a la intimidad y a la dignidad humana”, afirmó la CNDH en su recomendación.

“Llama la atención y preocupa a esta Comisión Nacional el hecho de que las personas sujetas a este examen, durante la práctica del mismo por parte del personal encargado de aplicarlo, son objeto de un procedimiento no previsto en la ley y que resulta contrario al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al someterlos a interrogatorios que buscan conocer aspectos de la vida íntima; es decir, se formulan preguntas referentes a su vida privada, incluso en el ámbito sexual; resalta también que los encargados de aplicar el examen poligráfico los intimidan con preguntas insidiosas y amenazantes, al extremo de que en algunos casos se les solicita autoinculparse o culpar a otras personas por la conducta que se investiga”.

La CNDH detectó casos de personas que, a fin de ingresar o conservar su trabajo en la función pública, fueron obligadas o presionadas para firmar un consentimiento de someterse al examen de polígrafo; también conoció de casos en los que los trabajadores eran obligados a renunciar con base en supuestos resultados negativos de la prueba, sin que dichos resultados se hicieran del conocimiento de las personas agraviadas.

La comisión advirtió que en la prueba poligráfica se hacen preguntas insidiosas y tendenciosas y bajo presión psicológica, y que los exámenes son aplicados por supuestos técnicos o profesionales que permanecen en el anonimato.

“La práctica del examen poligráfico resulta una agresión al derecho a la intimidad de las personas, y es inadmisible que dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad o de una averiguación previa, en un proceso de selección de personal o en una evaluación periódica a servidores públicos, deban renunciar a su derecho a la intimidad y permitir que terceros conozcan su vida intima. La posición de desventaja que ocupa el trabajador frente a su superior en un procedimiento administrativo, el solicitante de un empleo o el probable responsable, requiere, para que la renuncia a ese derecho opere, que la manifestación de voluntad sea libre, patente, específica e inequívoca”, expuso la CNDH.

“En efecto, la persona que se somete al examen poligráfico, ya sea en los procesos de selección, en evaluaciones periódicas, en investigaciones de responsabilidad administrativa o en averiguaciones previas, por lo general sufre de una presión psicológica derivada de amenazas tales como la pérdida del empleo u obtención de éste, interrogatorios prolongados, preguntas insidiosas, incluso sobre cuestiones relativas a su vida íntima, las que por sí mismas son formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, y de su derecho a la dignidad humana”.

 

Fuente: Animal Político