fbpx

Tiene Veracruz el peor sistema judicial del País

Tiene Veracruz el peor sistema judicial del País

De acuerdo con Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 elaborado por World Justice
Project, el sistema de justicia penal de Veracruz fue el peor evaluado del país, el cual presentó
una caída con respecto al periodo anterior, derivado de la emergencia sanitaria.

El reporte indica que, en materia de estado de derecho, la pandemia afectó principalmente al  sistema de justicia penal, ya que su valoración cayó en 16 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 Veracruz en general es
el séptimo estado peor evaluado, con una calificación de apenas 0.37, donde 1.0 representa la
adhesión más fuerte al Estado de Derecho.

Esta cifra es 0.01 inferior a la evaluación precedente, y ubica a nuestra entidad entre las únicas
5 que tuvieron descensos en sus puntajes, junto con Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y
Quintana Roo.
A su vez, los primeros lugares del índice lo ocupan Yucatán, Coahuila, Campeche, Querétaro y
Zacatecas. Asimismo, cabe señalar que cuatro entidades federativas destacan por mostrar un
progreso significativo en sus puntajes generales del Índice de Estado de Derecho en México,
en las tres ediciones que han sido publicadas desde 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018
a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a
0.42).

Si se tomaran por separado los diferentes factores analizados, Veracruz ocupa el último
lugar en la evaluación de los límites al poder gubernamental, derechos fundamentales y
justicia penal; el lugar 30 en justicia civil y el 24 en ausencia de corrupción.

Los datos recabados por World Justice Project sugieren que, durante esta pandemia, los
sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de
Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y
colaborativos.

“De hecho, la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender
su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad
jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”.

Del mismo modo, el reporte indica que el país sigue enfrentando retos en el área de investigación penal.

Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades
federativas fue aquel que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del
ministerio público. “De hecho, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o
para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó el 92.4% a nivel nacional,
según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.

Asimismo, detalla, la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo
reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de
ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de
acuerdo con la experiencia de los especialistas consultados durante 2020.

“No obstante, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva
en la mayoría de los estados como lo muestra el sub-factor que mide ausencia de delitos y
mejoró en 26 estados del país, de acuerdo con la ENVIPE 2020 que mide delitos ocurridos en
2019.

A su vez, los datos del Índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y
una contracción del espacio cívico, reflejado mediante caídas en los puntajes en 16 entidades
desde la última publicación del Índice. A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la
prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo
estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los
organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos.

FUENTE: ALCALORPOLÍTICO.COM